desigualdad

Sin hogar al que volver

Los ciudadanos más vulnerables se encuentran desamparados ante la suspensión de la ley catalana 24/2015 contra la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética por parte del Tribunal Constitucional

Anna Adeliño / Álex Sotillos / Andrés Herrera / Javier Méndez

23/05/2016


Un cordón policial de la Guardia Urbana se despliega frente a la vivienda de Eugenia, listo para cerrar el paso a cualquiera que ose interponerse. “¡El próximo desahucio está en la Moncloa!”, gritan los vecinos y miembros de la PAH al unísono unos metros más allá. Hoy es el día en que Eugenia, de 67 años, y sus tres hijos van a ser desahuciados, sin otra alternativa más que acudir a la casa de Concha, madre de Eugenia.

La policía está a punto de dar la orden. El ambiente se crispa cuando cinco agentes entran en la portería y se disponen a  subir las escaleras. En el cuarto piso aguarda una tensa Eugenia, acompañada por sus hijos, el más mayor de 12 años. Se oyen unos golpes en la puerta. Nadie responde. Finalmente, tras 5 minutos de silencio, la policía decide echarla abajo. Eugenia y su familia permanecen desalentados en una esquina mientras la policía les anuncia que disponen de 10 minutos para sacar todas las pertenencias que les quedan en el interior del que ha sido su hogar durante 40 años.

Como Eugenia, más de 5.300 familias sufrieron un desahucio en 2015 por impago de hipoteca, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y es que Catalunya ha sido la comunidad autónoma con más desahucios, así lo muestra el CGPJ, con el 16,82% del total nacional.

Ejecuciones hipotecarias por año 1.0

Cantidad de desahucios por impago de hipoteca al año a nivel estatal / Alter Mundis (Datos del CGPJ)

No obstante, la cantidad de desahucios no es el único indicador de esta crisis social. En Catalunya, según un estudio del Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat), el número de personas en riesgo de pobreza ascendía en 2014 al 26%.

Carlos Macías, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona, afirma que “desde que empezó la legislatura, el Gobierno de Mariano Rajoy no ha legislado en favor de las necesidades de los ciudadanos, sino que solamente ha mirado por los intereses de la banca”. En este sentido, el Parlament de Catalunya aprobó el 29 de julio del año pasado la ley 24/2015, que pretende aplicar medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) admitió el pasado mes de abril los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Gobierno central contra el decreto ley catalán, suspendiendo así dicha legislación.

Carlos Macías

Carlos Macías, portavoz de la PAH de Barcelona, en la sede de la organización / Álex Sotillos

 

Una verdadera segunda oportunidad

La ley 24/2015 estaba destinada a solucionar los problemas de las personas sin vivienda, en riesgo de pobreza y, además, sobreendeudadas, tras ser expulsadas de su hogar. Precisamente, las personas que son desahuciadas siguen debiendo una parte de la hipoteca que todavía no han pagado. Tomando medidas al respecto, el Congreso de los Diputados aprobó la llamada Ley de Segunda Oportunidad, porque “el objetivo como sociedad debe ser amparar a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad por circunstancias ajenas a su voluntad”, sostenía Andrea Levy, diputada del Partido Popular. La Ley de Segunda Oportunidad permitía así negociar al afectado con el acreedor (normalmente, el banco) para poder conseguir una condonación parcial de la deuda mediante un plan de pagos consensuado entre ambos. “El problema es que realmente no permitía a los deudores tener una segunda oportunidad, debido a que para poder negociar con el banco el afectado debía de pagar los gastos administrativos” afirma Irene Escorihuela, jurista de la PAH, organización impulsora de la ley.

Andrea Levy

Andrea Levy, diputada del PP en el Congreso, en la sede del Partido Popular catalán / Álex Sotillos

Francisco Mercadal, jurista de derecho mercantil, explica que “una persona que se encuentra en esta situación rara vez podrá pagar 5.000 euros para contratar a un notario y un abogado, ya que lo normal es que apenas tenga dinero para costear la deuda de la hipoteca de su antigua vivienda”. En consecuencia, a la Ley de Segunda Oportunidad estatal solamente se pudieron acoger, según Escorihuela, un 3% de los afectados.

La PAH defiende que la ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, anulada por el TC, completaba este “vacío legal”. Escorihuela nos explica que, antes de la anulación de la ley, se estaba redactando un reglamento donde, defiende, “todos los gastos administrativos los cubriría la Generalitat de Catalunya y los municipios y no los afectados, que son quienes menos tienen”.

 

Un alquiler social asegurado

La principal novedad de la ley era que los grandes propietarios tendrían que hacer una oferta de alquiler social que durara tres años a las personas afectadas que no tuvieran alternativa de vivienda y que estuvieran en riesgo de exclusión residencial. Es decir, imponía a las entidades financieras, las filiales inmobiliarias de las entidades y los fondos de inversión ofrecer estos pisos en alquiler social. La misma ley defendía en el artículo 5.1 que “el adquirente debe ofrecer a los afectados una propuesta de alquiler social, si la adquisición o la compraventa afecta a personas o unidades familiares que no tengan una alternativa de vivienda propia y que se encuentren dentro de los parámetros de riesgo de exclusión residencial que define esta ley”.

Y eso no es todo. En el artículo 5.6 se establecía que las administraciones públicas deben “garantizar en cualquier caso el realojo adecuado de las familias y personas en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas para poder hacer efectivo el desalojo”. En cuanto a la pobreza energética, se habilitaría un protocolo obligado de comunicación a los servicios sociales y se firmarían convenios con compañías de suministros para dar ayudas a fondo perdido y descuentos muy notables.

En definitiva, la ley 24/2015 suponía una mejora notable de la Ley de Segunda Oportunidad, ya que cubriría los gastos administrativos derivados de los procesos judiciales y extrajudiciales. Además, aseguraría la alternativa de alquiler social y cubriría las necesidades básicas, tales como el agua potable, la electricidad y el gas. Sin embargo, como se ha dicho anteriormente, el Tribunal Constitucional anuló de forma parcial dicha normativa. Eso sí, cabe destacar que solamente se han anulado los preceptos de vivienda, dejando intactos los que aluden a la pobreza energética.

 

¿Competencia o incompetencia?

El gobierno de Mariano Rajoy justifica la interposición del recurso a la ley 24/2015 porque dice actuar “en defensa de sus competencias y de la igualdad de los españoles”. Sin embargo, el artículo 148.1.3 de la Constitución otorga a las comunidades autónomas la potestad de asumir competencias en materia de vivienda, y el artículo 137 del Estatuto de Catalunya atribuye a la Generalitat la misma competencia.  

Ricard Brotat, jurista especializado en derecho constitucional, afirma que “está completamente reconocido que el derecho a la vivienda es un derecho de regulación autonómica. Cuando hay una norma que intenta paliar la situación de los más desfavorecidos no parece de recibo que eso se pueda tumbar a través de una argumentación competencial”. En ese aspecto, Irene Escorihuela confirma que desde la PAH la ley se redactó pensando en la jurisdicción autonómica: “nosotros adaptamos el texto a las competencias que tenemos en Catalunya, competencia exclusiva en vivienda y en consumo”.

 

Igualdad, un término difuso

En referencia al argumento de la “igualdad de los españoles” utilizado por el Ejecutivo, Brotat comenta que “la igualdad de los derechos de los españoles es imposible de articular al 100% si estás en un estado autonómico en el que hay varias competencias legislativas sobre materias diversas”. En esa línea, Escorihuela cree que “si realmente quieren igualdad deberían de hacer una ley protectora eficaz a nivel estatal y no quitarnos una ley garantista”.

Irene Escorihuela, jurista de la PAH, en la sede de la organización / Álex Sotillos

Además, la Constitución Española reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada y lo vincula a la obligación de los poderes públicos de impedir la especulación, garantizar que el derecho de propiedad no se ejerza de manera antisocial y subordina toda la riqueza al interés general. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué motivos tendría el Tribunal Constitucional para la admisión del recurso del gobierno central?

“Resulta una contradicción desde el punto de vista constitucional porque España se considera un estado social en el mismísimo artículo 1”, dice Brotat. Añade que “si se adopta esa interpretación, uno tiene que ser concordante y congruente con lo que proclama y, por lo tanto, se ha de adoptar la postura que más proteja a la mayoría de los ciudadanos”.

“Partimos de la base de que el TC está politizado y, por ello, responde a los intereses del Partido Popular y de las oligarquías a las que representa”, comenta Escorihuela. En referencia a la composición de dicho tribunal, cabe destacar que cuatro de sus miembros son elegidos a propuesta del Congreso de los Diputados, por mayoría de tres quintos de sus miembros; otros cuatro a propuesta del Senado por mayoría de tres quintos; dos a propuesta del Gobierno; y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, por mayoría de tres quintos. Todo ello considerando la mayoría absoluta que obtuvo el PP en 2011.

Una moción con interrogantes

A raíz de la anulación de la ley 24/2015, el Parlament aprobó el 19 de mayo una moción que insta al gobierno catalán a tomar medidas para que los artículos suspendidos puedan reformularse en un nuevo proyecto que se adapte a las exigencias del Tribunal Constitucional. La moción la propuso Junts Pel Sí y contó con la aprobación de todos los partidos políticos excepto del Partido Popular, que votó en contra, y Ciudadanos, que optó por la abstención.

En relación a la negativa contundente del PP, Arcadi Oliveres, catedrático de Economía la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y cofundador de Procés Constituent, afirma que “el gobierno de España, es un gobierno que sólo está al servicio de los intereses de los ricos”. Apoyando esta idea, Irene Escorihuela comenta que “el único motivo que se nos ocurre es la fuerte relación que tiene el PP con las entidades financieras y las suministradoras de gas, de electricidad y de agua potable, sumando la presión que han ejercido y a las puertas giratorias que el gobierno tiene con estas empresas”.

Cómo reaccionará el gobierno a esta moción está por ver. “Hay una cuestión que desde luego no es ajena a este tema, que es ver cómo va a quedar el nuevo gobierno estatal a partir del 26 de junio, si es que hay gobierno”, dice Ricard Brotat. Muy unido al futuro criterio del gobierno irá probablemente la reacción del Tribunal Constitucional. Sin embargo, ante estas difusas perspectivas de futuro, Brotat se atreve a apostar por una posible solución: “probablemente se podría establecer algún tipo de acuerdo en materia interautonómica o estatal, pero en definitiva las competencias sobre la emergencia en el ámbito de la vivienda son autonómicas y, por lo tanto, va a ser la comunidad autónoma la que va a tener que legislar en esta materia y decidir cuál es la política a aplicar en cada caso”.

Ricard Brotat, abogado constitucionalista / Andrés Herrera

Así, no parece que vaya a haber una normativa inmediata que actúe en defensa de los ciudadanos más vulnerables en esta época de crisis. Con todo, no resulta atrevido afirmar que para cuando haya una nueva reacción legislativa al respecto, ya será tarde para muchas de las personas y familias que podrían haberse beneficiado de una normativa estable. La intestabilidad política podría tomarse más víctimas todavía.

“Se ha manteniendo el criterio de la igualdad con error. Igualdad sí, pero para bien”, concluye Brotat. Sin una normativa eficaz a nivel estatal que regule y aplique medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, no parece que la admisión del Tribunal Constitucional concuerde con los valores que defiende la Constitución en su primer artículo.

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Arcadi Oliveres: “Mientras el capitalismo sea un sistema imperante las diferencias seguirán creciendo”

Anna Adeliño / Álex Sotillos

02/05/2016


 

El crecimiento de la pobreza y las desigualdades es el monotema que está en boca de todos durante esta época de crisis. Nadie se ha visto libre de sus efectos o de ver cómo amigos, conocidos o, incluso, familiares se han visto afectados por este crack económico. Sin embargo, ¿sabemos realmente cuáles son los motivos que hay detrás de este margen de desigualdad creciente?

Arcadi Oliveres es profesor de economía de la Universitat Autònoma de Barcelona y cofundador del proyecto Procés Constituent, entidad de ámbito catalán que pretende establecer las bases de una futura Cataluña independiente. Oliveres es conocido por su trayectoria activista, como por ejemplo en Justícia i Pau, organización que promueve y defiende los derechos humanos en todo el mundo. Desde Alter Mundis le hemos entrevistado con el objetivo de entender qué es la globalización y cómo nos afecta desde una perspectiva global a un punto de vista local como lo es la ciudad de Barcelona.

Arcadi Oliveres 01 (Autora - Janine Künzi)

Arcadi Oliveres, profesor de economía de la Universidad Autónoma de Barcelona / Janine Künzi

 

Alter Mundis: ¿Qué es la globalización?

Arcadi Oliveres: La economía global es un fenómeno que ha producido la evolución actual del capitalismo, en el que prácticamente toda la economía mundial está unificada, por el comercio de mercaderías, el movimiento de capitales, la distribución de las tecnologías y las vías de comunicación y de información.

AM: ¿Qué relación hay entre la globalización actual y la desigualdad mundial creciente?

AO: La desigualdad va creciendo porque las relaciones, sean comerciales, financieras o culturales, son injustas. Esto es así porque los que intercambian comercialmente, monetariamente o culturalmente no están todos en igualdad de condiciones. Por lo tanto, siempre hay uno que acaba imponiendo sus condiciones al otro y, en consecuencia, mientras uno se enriquece el otro se empobrece. Esto puede pasar a nivel de países, de ciudades y de personas.

AM: ¿Cuáles serían las claves para poder frenar la globalización?

AO: Hay varias pero para mí una de las más importantes sería establecer obstáculos a los movimientos financieros, especialmente a los que tienen un carácter especulativo. Aproximadamente el 90% de las operaciones de bolsa son fraudulentas y se tendrían que prohibir.

AM: Según un estudio realizado por el Ayuntamiento de Barcelona en la época de Xavier Trías y sacado a la luz en la de Barcelona en Comú, entre 2012 y 2013 la desigualdad entre los barceloneses creció considerablemente. La cantidad de personas con las rentas más bajas pasaron de ser del 7’9% de la población en 2012 al 10,7% en 2013. Mientras tanto, la gente con rentas más bajas, pasó de ser el 14’9% al 17,8%. ¿Por qué cada vez hay más ricos y, a su vez, cada vez hay más pobres?

AO: Este fenómeno que se produce en Barcelona es perfectamente aplicable a nivel de Cataluña, España, Europa y de todo el mundo. La acumulación de las 5 fortunas de las personas más ricas del mundo supone unos ingresos similares a los de la mitad de la población mundial, lo cual es realmente un escándalo. ¿Cuál es la razón? La razón se llama capitalismo. Mientras el capitalismo sea un sistema imperante, desigual, generador de diferencias e impropio de nuestra sociedad, las desigualdades seguirán creciendo. El capitalismo lo que pretende es el beneficio de unos pocos, en detrimento de la pobreza de muchos y mientras no nos saquemos de encima este horroroso capitalismo las diferencias seguirán creciendo.

AM: Una de las soluciones que se proponen, no para acabar con el capitalismo pero sí para disminuir en cierta medida el riesgo de exclusión social, son medidas como las que plantea Barcelona en Comú en cuanto a la renta mínima o Podemos en cuanto a la renta básica. ¿Cree usted que son medidas que solucionarían el problema de la pobreza relativa, aunque sea parcialmente?

AO: Es evidente que hasta que no consigamos acabar con el capitalismo, cosa que no veo que se vaya a producir de la noche a la mañana, hay que buscar un paliativo para mejorar la situación. La propuesta de Barcelona en Comú está en marcha, por lo menos en el Parlament de Catalunya, desde hace tiempo. Yo mismo fui uno de los impulsores del proyecto de ley para que se aprobara. Pero por desgracia el gobierno de CDC durante estos años ha impedido que avance de una manera absoluta, aunque tenía una amplia recogida de firmas. Se necesitaban 50.000 y teníamos 126.000. La derecha ha actuado como derecha, y no ha permitido que esta medida paliativa funcionara.

Había otras, como el incremento del salario mínimo, la eliminación del fraude fiscal, la ley de dependencia y otras propuestas para que esta pobreza disminuyera. Pero lamentablemente en Cataluña y en toda España, es difícil que se subsanen.

AM: Por ese mismo motivo, la renta per cápita también es sumamente dispar entre barrios ricos y pobres.

AO: Sí, por supuesto. Entre Pedralbes y el Besós, por ejemplo, puede haber 10 años de diferencia de esperanza de vida.

AM: En referencia al aumento del salario mínimo interprofesional (SMI), ¿de qué manera podría afectar esto a la reducción del riesgo de pobreza o de exclusión social?

AO: Si alguien tiene un mínimo de ingresos garantizados para cubrir determinadas necesidades básicas es evidente que se reduce muchísimo su riesgo de pobreza. Evidentemente depende de cómo se utilice, de cómo se reparta. En los países nórdicos del norte de Europa se ha aprobado esta medida y se ha demostrado que la pobreza ha disminuido de una manera clarísima. De.beríamos fiarnos de ese hecho buscar recursos para que eso fuera posible.

AM: ¿Qué opina sobre la afirmación que hacen algunos de que “la subida del SMI favorecería la economía sumergida”, es decir, que los empresarios en vez de otorgar ese SMI a sus empleados, les contratarían en negro para ahorrarse ese dinero?

AO: Yo les diría dos cosas. Primero, que intentaran ellos mismos vivir con el SMI, a ver si lo consiguen. Y, en segundo lugar, que favorecería la economía sumergida está claro, pero en general todos los grandes empresarios ya practican la economía sumergida, llevando sus negocios a paraísos fiscales. Siendo así, deberíamos decirles que quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esta afirmación por tanto es inválida completamente.

AM: Según el Instituto de Estadística de Cataluña (IDESCAT), en 2014 había un 26% de la población catalana en riesgo de pobreza, casi dos puntos más que en 2013. ¿Qué factores cree que intervienen en este hecho?

AO: En la situación de pobreza, precariedad y exclusión que se está dando en toda Barcelona, Cataluña y España intervienen dos elementos. Primero, la falta de ingresos regulares, derivados del desempleo o de empleos muy precarios. Por otro lado, la falta de prestación social. Cuando alguien se encuentra en una falta de ingresos derivados del trabajo, puede tener la compensación de lo que podríamos llamar las prestaciones sociales: el que tenga un seguro de desempleo, una pensión digna, una ley de dependencia que favorezca a sus familiares… Y esto, por descontado, no se da en los casos de personas que se encuentran bajo el umbral de la pobreza.

AM: ¿Por qué la desigualdad es más prominente en las grandes ciudades que en el resto de territorios del estado, como zonas rurales y demás?

AO: Las dos necesidades básicas, que son la de alimentación y vivienda, son más fácilmente conseguibles en una sociedad rural. El acceso a los alimentos derivados de la agricultura o de la propia situación de la población es más fácil y el techo lo tiene asegurado prácticamente todo el mundo, porque hay casas vacías, hay gente que acoge a sus parientes o conocidos y muy pocos tienen que dormir en la calle. Por tanto, estas necesidades en el mundo rural quedan cubiertas. Además, todavía en el mundo rural funciona aquello que se ha perdido en las ciudades: la solidaridad vecinal. Si tu vecino que vive al lado y come o vive mal, le echas una mano. Aquí, ignoramos quien vive al otro lado del muro de casa, aunque esté a 20 centímetros de ti.

AM: Centrándonos en Barcelona, podemos observar que años atrás los ciudadanos en riesgo de pobreza se concentraban en barrios concretos, como es el caso del Raval. Hoy en día, según un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE), ese mismo riesgo social se ha “democratizado”, es decir, se ha extendido a otros barrios de clases humildes (clase media-baja o media), sobre todo en Barcelona y sus alrededores, afectando así la pobreza y la exclusión social a un mayor número de población. ¿A qué se debe este hecho? ¿Se trata de una expansión del riesgo de exclusión social a otras clases sociales?

AO: Sí, así es. El aumento cuantitativo de la pobreza también se ha extendido a otros grupos que hasta ahora habían quedado poco afectados. Quienes tratan este tema, como por ejemplo Cáritas, hablan de los “nuevos pobres”: unos grupos sociales que no estaban sumidos en la pobreza. Un ejemplo son las personas jubiladas, que se consideraba que con una pensión podían vivir bien. Hoy las pensiones han quedado congeladas, muy disminuidas, y en ocasiones la propia pensión de un abuelo ha tenido que cubrir a otros miembros que se han quedado sin trabajo. También se ve en las llamadas familias ‘monoparentales’, aquellas en las que sólo un miembro ingresa dinero, cosa que debido a la crisis se da con mucha frecuencia. Antes había familias en que ambos miembros de la pareja tenían ingresos, aunque fueran mínimos. Por descontado también es necesario tener en cuenta a los inmigrantes, que llegaban aquí llamados por la euforia de la construcción y cosas por el estilo. Al final esos negocios han ido menguando y esos ingresos que antes eran regulares ahora son completamente irregulares. No hay que olvidar tampoco la “pobreza juvenil”, que es la dificultad de acceso al empleo por parte de la gente joven. Yo diría que todos estos grupos hacen que la pobreza no quede concentrada ni en un grupo social determinado, ni tampoco en un barrio, sino que se ha extendido a muchas capas de población y a todos los barrios.

AM: Un estudio realizado por Cáritas constata que antes de la crisis atendían sobre todo a población inmigrante y familias monoparentales, y a partir de ésta, los autóctonos han ganado más presencia. ¿Considera usted que este hecho tiene alguna relación con la expansión de la pobreza a los diferentes barrios y grupos sociales que comentábamos anteriormente?

AO: Es evidente que, cuando la pobreza se extiende, acaba afectando a cada vez más capas de la población. Si antes eran los más débiles de la escala social quienes se encontraban en la pobreza relativa, llámense inmigrantes o sintecho, ahora también hay otros habitantes que sin estar durmiendo en la calle o sin tener dificultades de supervivencia, tienen dificultades para cubrir sus necesidades vitales. Lo que hacen es intentar buscar ayuda, por ejemplo en el Banco de Alimentos, Cáritas o Cruz Roja, la parroquia de al lado, los servicios sociales…

AM: Otro dato importante que señala el estudio mencionado es que el 30% de los casos que atiende Cáritas son menores de edad. Esto supone un aumento considerable respecto a las cifras de 2005-2008, que eran del 12,7% máximo. ¿Se puede deber a que cada vez más familias intentan sobrevivir en una situación de pobreza, sin acceso a bienes básicos como alimentos, luz o agua? ¿Cuáles cree que pueden ser las consecuencias para las familias y, en concreto, para la salud de los menores?

AO: Esta es la parte más sensible y triste e indudablemente inadmisible, porque los niños son la parte más vulnerable y acaban sin tener cubiertas necesidades básicas como la calefacción y el agua. Esto, además de una desgracia, es un verdadero escándalo.

En un acto que se produjo hace un par de meses, un grupo de personas protestaba por la precariedad de las becas comedor. Hay menores de edad que, al no tener los ingresos suficientes en su casa, acaban requiriendo las becas comedor para que en la escuela puedan comer gratuitamente. En Semana Santa del año 2015 algunas escuelas de Barcelona abrieron las puertas, aun siendo vacaciones, para poder dar como mínimo una comida caliente al día a los niños. Lo que decían estas personas que se manifestaban es que la Generalitat ha previsto para estos comedores escolares un presupuesto anual de 50 millones de euros, para satisfacer estas necesidades. Y solo quiero decir, a título de comparación, que mientras la Generalitat gasta 50 millones de euros en comedores escolares, el ejército español gasta cada día 52 millones de euros. Hemos llegado a la imbecilización total de la población.

AM: ¿Una de las causas por la que no se cubren estas necesidades es una falta de voluntad política?

AO: Absolutamente. La mayoría de los políticos no están al servicio de la población sino al servicio de los intereses de unos pocos y, por tanto, actúan en consecuencia. Hacen mal, pero peor hacemos nosotros cuando al final les votamos. Hemos pasado una etapa en los últimos cuatro años en que la población española ha sido martirizada con el gobierno del Partido Popular y tras las elecciones, aunque haya perdido votos, sigue siendo el partido que más votado. Esto significa un alfabetismo total por parte de la población. Hay que tener conciencia de lo que sucede.