vivienda

Sin hogar al que volver

Los ciudadanos más vulnerables se encuentran desamparados ante la suspensión de la ley catalana 24/2015 contra la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética por parte del Tribunal Constitucional

Anna Adeliño / Álex Sotillos / Andrés Herrera / Javier Méndez

23/05/2016


Un cordón policial de la Guardia Urbana se despliega frente a la vivienda de Eugenia, listo para cerrar el paso a cualquiera que ose interponerse. “¡El próximo desahucio está en la Moncloa!”, gritan los vecinos y miembros de la PAH al unísono unos metros más allá. Hoy es el día en que Eugenia, de 67 años, y sus tres hijos van a ser desahuciados, sin otra alternativa más que acudir a la casa de Concha, madre de Eugenia.

La policía está a punto de dar la orden. El ambiente se crispa cuando cinco agentes entran en la portería y se disponen a  subir las escaleras. En el cuarto piso aguarda una tensa Eugenia, acompañada por sus hijos, el más mayor de 12 años. Se oyen unos golpes en la puerta. Nadie responde. Finalmente, tras 5 minutos de silencio, la policía decide echarla abajo. Eugenia y su familia permanecen desalentados en una esquina mientras la policía les anuncia que disponen de 10 minutos para sacar todas las pertenencias que les quedan en el interior del que ha sido su hogar durante 40 años.

Como Eugenia, más de 5.300 familias sufrieron un desahucio en 2015 por impago de hipoteca, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y es que Catalunya ha sido la comunidad autónoma con más desahucios, así lo muestra el CGPJ, con el 16,82% del total nacional.

Ejecuciones hipotecarias por año 1.0

Cantidad de desahucios por impago de hipoteca al año a nivel estatal / Alter Mundis (Datos del CGPJ)

No obstante, la cantidad de desahucios no es el único indicador de esta crisis social. En Catalunya, según un estudio del Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat), el número de personas en riesgo de pobreza ascendía en 2014 al 26%.

Carlos Macías, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona, afirma que “desde que empezó la legislatura, el Gobierno de Mariano Rajoy no ha legislado en favor de las necesidades de los ciudadanos, sino que solamente ha mirado por los intereses de la banca”. En este sentido, el Parlament de Catalunya aprobó el 29 de julio del año pasado la ley 24/2015, que pretende aplicar medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) admitió el pasado mes de abril los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el Gobierno central contra el decreto ley catalán, suspendiendo así dicha legislación.

Carlos Macías

Carlos Macías, portavoz de la PAH de Barcelona, en la sede de la organización / Álex Sotillos

 

Una verdadera segunda oportunidad

La ley 24/2015 estaba destinada a solucionar los problemas de las personas sin vivienda, en riesgo de pobreza y, además, sobreendeudadas, tras ser expulsadas de su hogar. Precisamente, las personas que son desahuciadas siguen debiendo una parte de la hipoteca que todavía no han pagado. Tomando medidas al respecto, el Congreso de los Diputados aprobó la llamada Ley de Segunda Oportunidad, porque “el objetivo como sociedad debe ser amparar a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad por circunstancias ajenas a su voluntad”, sostenía Andrea Levy, diputada del Partido Popular. La Ley de Segunda Oportunidad permitía así negociar al afectado con el acreedor (normalmente, el banco) para poder conseguir una condonación parcial de la deuda mediante un plan de pagos consensuado entre ambos. “El problema es que realmente no permitía a los deudores tener una segunda oportunidad, debido a que para poder negociar con el banco el afectado debía de pagar los gastos administrativos” afirma Irene Escorihuela, jurista de la PAH, organización impulsora de la ley.

Andrea Levy

Andrea Levy, diputada del PP en el Congreso, en la sede del Partido Popular catalán / Álex Sotillos

Francisco Mercadal, jurista de derecho mercantil, explica que “una persona que se encuentra en esta situación rara vez podrá pagar 5.000 euros para contratar a un notario y un abogado, ya que lo normal es que apenas tenga dinero para costear la deuda de la hipoteca de su antigua vivienda”. En consecuencia, a la Ley de Segunda Oportunidad estatal solamente se pudieron acoger, según Escorihuela, un 3% de los afectados.

La PAH defiende que la ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, anulada por el TC, completaba este “vacío legal”. Escorihuela nos explica que, antes de la anulación de la ley, se estaba redactando un reglamento donde, defiende, “todos los gastos administrativos los cubriría la Generalitat de Catalunya y los municipios y no los afectados, que son quienes menos tienen”.

 

Un alquiler social asegurado

La principal novedad de la ley era que los grandes propietarios tendrían que hacer una oferta de alquiler social que durara tres años a las personas afectadas que no tuvieran alternativa de vivienda y que estuvieran en riesgo de exclusión residencial. Es decir, imponía a las entidades financieras, las filiales inmobiliarias de las entidades y los fondos de inversión ofrecer estos pisos en alquiler social. La misma ley defendía en el artículo 5.1 que “el adquirente debe ofrecer a los afectados una propuesta de alquiler social, si la adquisición o la compraventa afecta a personas o unidades familiares que no tengan una alternativa de vivienda propia y que se encuentren dentro de los parámetros de riesgo de exclusión residencial que define esta ley”.

Y eso no es todo. En el artículo 5.6 se establecía que las administraciones públicas deben “garantizar en cualquier caso el realojo adecuado de las familias y personas en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas para poder hacer efectivo el desalojo”. En cuanto a la pobreza energética, se habilitaría un protocolo obligado de comunicación a los servicios sociales y se firmarían convenios con compañías de suministros para dar ayudas a fondo perdido y descuentos muy notables.

En definitiva, la ley 24/2015 suponía una mejora notable de la Ley de Segunda Oportunidad, ya que cubriría los gastos administrativos derivados de los procesos judiciales y extrajudiciales. Además, aseguraría la alternativa de alquiler social y cubriría las necesidades básicas, tales como el agua potable, la electricidad y el gas. Sin embargo, como se ha dicho anteriormente, el Tribunal Constitucional anuló de forma parcial dicha normativa. Eso sí, cabe destacar que solamente se han anulado los preceptos de vivienda, dejando intactos los que aluden a la pobreza energética.

 

¿Competencia o incompetencia?

El gobierno de Mariano Rajoy justifica la interposición del recurso a la ley 24/2015 porque dice actuar “en defensa de sus competencias y de la igualdad de los españoles”. Sin embargo, el artículo 148.1.3 de la Constitución otorga a las comunidades autónomas la potestad de asumir competencias en materia de vivienda, y el artículo 137 del Estatuto de Catalunya atribuye a la Generalitat la misma competencia.  

Ricard Brotat, jurista especializado en derecho constitucional, afirma que “está completamente reconocido que el derecho a la vivienda es un derecho de regulación autonómica. Cuando hay una norma que intenta paliar la situación de los más desfavorecidos no parece de recibo que eso se pueda tumbar a través de una argumentación competencial”. En ese aspecto, Irene Escorihuela confirma que desde la PAH la ley se redactó pensando en la jurisdicción autonómica: “nosotros adaptamos el texto a las competencias que tenemos en Catalunya, competencia exclusiva en vivienda y en consumo”.

 

Igualdad, un término difuso

En referencia al argumento de la “igualdad de los españoles” utilizado por el Ejecutivo, Brotat comenta que “la igualdad de los derechos de los españoles es imposible de articular al 100% si estás en un estado autonómico en el que hay varias competencias legislativas sobre materias diversas”. En esa línea, Escorihuela cree que “si realmente quieren igualdad deberían de hacer una ley protectora eficaz a nivel estatal y no quitarnos una ley garantista”.

Irene Escorihuela, jurista de la PAH, en la sede de la organización / Álex Sotillos

Además, la Constitución Española reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada y lo vincula a la obligación de los poderes públicos de impedir la especulación, garantizar que el derecho de propiedad no se ejerza de manera antisocial y subordina toda la riqueza al interés general. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué motivos tendría el Tribunal Constitucional para la admisión del recurso del gobierno central?

“Resulta una contradicción desde el punto de vista constitucional porque España se considera un estado social en el mismísimo artículo 1”, dice Brotat. Añade que “si se adopta esa interpretación, uno tiene que ser concordante y congruente con lo que proclama y, por lo tanto, se ha de adoptar la postura que más proteja a la mayoría de los ciudadanos”.

“Partimos de la base de que el TC está politizado y, por ello, responde a los intereses del Partido Popular y de las oligarquías a las que representa”, comenta Escorihuela. En referencia a la composición de dicho tribunal, cabe destacar que cuatro de sus miembros son elegidos a propuesta del Congreso de los Diputados, por mayoría de tres quintos de sus miembros; otros cuatro a propuesta del Senado por mayoría de tres quintos; dos a propuesta del Gobierno; y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, por mayoría de tres quintos. Todo ello considerando la mayoría absoluta que obtuvo el PP en 2011.

Una moción con interrogantes

A raíz de la anulación de la ley 24/2015, el Parlament aprobó el 19 de mayo una moción que insta al gobierno catalán a tomar medidas para que los artículos suspendidos puedan reformularse en un nuevo proyecto que se adapte a las exigencias del Tribunal Constitucional. La moción la propuso Junts Pel Sí y contó con la aprobación de todos los partidos políticos excepto del Partido Popular, que votó en contra, y Ciudadanos, que optó por la abstención.

En relación a la negativa contundente del PP, Arcadi Oliveres, catedrático de Economía la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y cofundador de Procés Constituent, afirma que “el gobierno de España, es un gobierno que sólo está al servicio de los intereses de los ricos”. Apoyando esta idea, Irene Escorihuela comenta que “el único motivo que se nos ocurre es la fuerte relación que tiene el PP con las entidades financieras y las suministradoras de gas, de electricidad y de agua potable, sumando la presión que han ejercido y a las puertas giratorias que el gobierno tiene con estas empresas”.

Cómo reaccionará el gobierno a esta moción está por ver. “Hay una cuestión que desde luego no es ajena a este tema, que es ver cómo va a quedar el nuevo gobierno estatal a partir del 26 de junio, si es que hay gobierno”, dice Ricard Brotat. Muy unido al futuro criterio del gobierno irá probablemente la reacción del Tribunal Constitucional. Sin embargo, ante estas difusas perspectivas de futuro, Brotat se atreve a apostar por una posible solución: “probablemente se podría establecer algún tipo de acuerdo en materia interautonómica o estatal, pero en definitiva las competencias sobre la emergencia en el ámbito de la vivienda son autonómicas y, por lo tanto, va a ser la comunidad autónoma la que va a tener que legislar en esta materia y decidir cuál es la política a aplicar en cada caso”.

Ricard Brotat, abogado constitucionalista / Andrés Herrera

Así, no parece que vaya a haber una normativa inmediata que actúe en defensa de los ciudadanos más vulnerables en esta época de crisis. Con todo, no resulta atrevido afirmar que para cuando haya una nueva reacción legislativa al respecto, ya será tarde para muchas de las personas y familias que podrían haberse beneficiado de una normativa estable. La intestabilidad política podría tomarse más víctimas todavía.

“Se ha manteniendo el criterio de la igualdad con error. Igualdad sí, pero para bien”, concluye Brotat. Sin una normativa eficaz a nivel estatal que regule y aplique medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, no parece que la admisión del Tribunal Constitucional concuerde con los valores que defiende la Constitución en su primer artículo.

Anuncios